La disputa por la memoria histórica en España ha tomado un nuevo giro dialéctico tras la reciente intervención de Irene Montero en el Congreso de los Diputados. Durante un foro dedicado a la justicia y reparación, la actual eurodiputada de Podemos ha establecido una conexión directa entre los discursos contemporáneos de prioridad nacional y las redes que operaron durante décadas para la sustracción ilegal de recién nacidos, calificando estos actos como crímenes de Estado que aún permanecen sin castigo.
La conexión ideológica entre el pasado y la exclusión actual
Para Montero, el concepto de prioridad nacional no es una novedad política, sino una herencia de estructuras que históricamente decidieron quién era apto para criar y quién no. En su análisis, la eurodiputada sostiene que quienes hoy enarbolan estas banderas son los herederos ideológicos de aquellos que, bajo el pretexto del bienestar infantil, ejecutaron el robo de bebés en España.
La representante de Podemos hizo hincapié en la falta de reparación simbólica en la sociedad actual, citando cómo apellidos vinculados a las teorías eugenésicas del franquismo, como los de Antonio Vallejo-Nájera, siguen presentes en la esfera pública y en la televisión estatal sin que haya existido un reconocimiento explícito del daño causado por sus antecesores. Según su planteamiento, esta normalización es una barrera para que las víctimas encuentren consuelo y justicia.
Responsabilidad compartida: El papel de la Iglesia y el Estado
Uno de los puntos más críticos de su discurso fue el señalamiento directo a las instituciones. Montero aseveró que las desapariciones forzosas no pueden entenderse como sucesos aislados o dramas privados, sino como una maquinaria de violencia institucional. En este sentido, denunció la complicidad histórica de dos pilares fundamentales:
- La Iglesia Católica: Señalada como parte activa en la gestión y ejecución de las adopciones ilegales bajo un marco moral restrictivo.
- El Aparato Estatal: Criticado por permitir la estructura burocrática necesaria para falsificar identidades y documentos oficiales.
La eurodiputada insistió en que el reconocimiento de estos actos como crímenes de lesa humanidad es el único camino para garantizar la no repetición, obligando al Estado a asumir su responsabilidad jurídica en lugar de tratar los casos como meras tragedias familiares de carácter individual.
Hacia una Ley de Bebés Robados: Herramientas contra la impunidad
Más allá de la denuncia política, el debate se centró en la parálisis legislativa que sufre la ley estatal sobre esta materia. Irene Montero fue tajante al señalar que la falta de avances en los últimos 30 meses no responde a dificultades técnicas en la redacción de enmiendas, sino a una ausencia de voluntad política por parte de los bloques mayoritarios para investigar a fondo la desaparición de menores.
Para romper este bloqueo, se propusieron medidas concretas que deberían integrarse en el marco legal:
- Creación de una fiscalía especializada que centralice las investigaciones y evite el archivo sistemático de denuncias.
- Implementación de un banco nacional de ADN que facilite el cruce de datos genéticos entre familias y posibles adoptados.
- Establecimiento de protocolos que obliguen a archivos eclesiásticos y privados a abrir su documentación a las víctimas.
- Activación de unidades policiales con formación específica en desapariciones forzadas de recién nacidos.
El control del cuerpo femenino como arma política
La intervención también rescató la memoria del Patronato de Protección a la Mujer, una institución que, bajo la óptica de Montero, funcionó como un centro de reeducación y castigo para aquellas que no encajaban en el ideal de «buena mujer» del régimen. Este sistema de control social derivó en torturas, trabajos forzados y, finalmente, en la entrega de sus hijos a familias consideradas ideológicamente aptas.
En su cierre, la líder política instó a que España afronte estas violencias sistémicas con valentía parlamentaria. La conclusión es clara: la democracia española tiene una deuda pendiente que solo podrá saldarse cuando el Estado asuma que la búsqueda de la verdad no es un gesto de compasión, sino una obligación ineludible de derechos humanos.
