La cúpula de la Policía Nacional ha emitido una respuesta institucional sin precedentes para proteger la reputación de sus agentes frente a las recientes afirmaciones del magistrado Juan Carlos Peinado. En un contexto de alta tensión judicial, el cuerpo de seguridad ha calificado como una «valoración especulativa» las sospechas vertidas sobre los escoltas encargados de la protección de Begoña Gómez, subrayando que su labor se rige exclusivamente por el imperio de la ley y la ética profesional.
Defensa de la integridad y neutralidad institucional
Mediante un comunicado difundido este domingo, la institución armada ha querido zanjar cualquier duda sobre el comportamiento de sus efectivos. Para la Policía Nacional, situar bajo sospecha la profesionalidad de los agentes encargados de la custodia de la esposa del presidente del Gobierno no solo es injustificado, sino que atenta contra el honor y el prestigio de miles de funcionarios públicos. El cuerpo enfatiza que su funcionamiento interno se basa en pilares inamovibles que garantizan su servicio a la ciudadanía:
- Neutralidad política absoluta en todas sus intervenciones.
- Imparcialidad técnica en el ejercicio de sus funciones de seguridad.
- Sometimiento estricto al ordenamiento jurídico vigente.
- Rechazo explícito a cumplir órdenes que contravengan la legalidad.
El origen del conflicto: El auto del juez Peinado
La controversia emana de las reflexiones incluidas por el juez Peinado en su último auto, donde sugería que los agentes de la seguridad del Estado podrían, hipotéticamente, colaborar en una eventual elusión de la justicia por parte de la investigada. Esta insinuación de que los escoltas podrían facilitar una fuga de Begoña Gómez ha sido el detonante de la airada respuesta policial.
Es importante recordar que el magistrado ha impuesto medidas cautelares severas a Gómez, entre las que destacan la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de presentarse periódicamente en el juzgado. En este escenario, la Policía sostiene que sugerir una complicidad de los agentes en el quebrantamiento de estas medidas carece de base fáctica y daña la confianza social en las instituciones.
Repercusiones en el CGPJ y el Ministerio del Interior
El choque entre el poder judicial y las fuerzas de seguridad ha escalado hasta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de gobierno de los jueces tiene previsto analizar si las palabras de Peinado constituyen una «falta grave de consideración» hacia los funcionarios que actúan como Policía Judicial. Esta posible vía disciplinaria se abre tras la queja formal remitida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien calificó los hechos de «máxima gravedad».
Marlaska, en su comunicación a la presidencia del CGPJ, defendió la impecable trayectoria de los cuerpos de seguridad, lamentando que se ponga en tela de juicio su profesionalidad. No obstante, la Policía Nacional ha matizado que esta defensa corporativa es plenamente compatible con el respeto a la independencia judicial y a las resoluciones emanadas de los tribunales, siempre que estas no traspasen la línea del honor personal de los funcionarios.
Un cuerpo al servicio del Estado de Derecho
En conclusión, la respuesta de la Policía Nacional no solo busca blindar a los escoltas específicos de Begoña Gómez, sino reafirmar el valor de la institución como garante del Estado de Derecho. Al rechazar cualquier sombra de sospecha sobre su cooperación en actos ilícitos, el cuerpo recuerda que su lealtad es con la Constitución y no con intereses particulares, apelando a una relación de respeto mutuo entre los diferentes poderes que conforman la estructura democrática del país.