El escenario judicial que rodea al exministro José Luis Ábalos ha sumado un nuevo capítulo de testimonios en el Tribunal Supremo, marcados por una estrategia de defensa basada en el descrédito de las acusaciones previas. Manuel Sallés, empresario vinculado al sector de los hidrocarburos, ha intentado desmontar la narrativa de los pagos irregulares, atribuyendo las afirmaciones sobre sobornos a un estado de enajenación por parte de terceros involucrados en la trama.
La estrategia de la «difamación» y el consumo de sustancias
Durante su comparecencia, Manuel Sallés se centró en neutralizar la carga incriminatoria de ciertos mensajes intercambiados dentro de la red empresarial. El foco se puso en las palabras de Claudio Rivas, quien supuestamente alardeaba de pagar los gastos personales del exministro a cambio de favores administrativos. Sallés ha sido tajante al calificar estos comentarios como meras invenciones derivadas del consumo de drogas y alcohol, asegurando que Rivas presumía en diversos locales de Madrid de unos recibos que, según su versión, nunca existieron.
Sallés argumentó que su decisión de reenviar estos mensajes a Ábalos no fue para coordinar una estrategia delictiva, sino para actuar como un informante leal que advertía sobre una campaña de difamación en su contra. Según el compareciente, resultaba inverosímil que una licencia de hidrocarburos para Villafuel tuviera relación directa con el Ministerio de Transportes, tratando así de separar las competencias ministeriales de los beneficios obtenidos por la trama.
Guinea: Entre el turismo y la diplomacia fallida
Otro de los puntos críticos del interrogatorio fue el polémico viaje a Guinea, una expedición que inicialmente tenía un cariz económico relacionado con la emisión de deuda pública. Sin embargo, Sallés ofreció una visión degradante de dicha misión, describiéndola más como un viaje recreativo que como una gestión profesional. El empresario justificó su distanciamiento del proyecto al observar la heterogénea y poco seria composición de la comitiva.
- Presencia de figuras ajenas al ámbito financiero como el doctor Palomo.
- Acompañamiento de personas del entorno personal de Ábalos que restaban rigor a la expedición.
- Sensación de pérdida de tiempo frente a un objetivo que parecía puramente turístico.
El fichaje de Koldo García tras su salida del Gobierno
Sallés también tuvo que explicar las razones detrás de la contratación de Koldo García una vez que este abandonó su puesto en el ministerio. Lejos de admitir un pago por servicios pasados o tráfico de influencias, el empresario sostuvo que buscaba a alguien capaz de «abrir puertas» en un proyecto complejo relacionado con una agencia de valores en Malasia que pretendía convertirse en entidad bancaria.
El empresario admitió que el fichaje fue un error de cálculo, ya que la supuesta influencia de Koldo resultó ser mucho menor de la esperada. «No soy de comisiones, soy de contratar y pagar», sentenció Sallés para marcar distancias con las prácticas de mordidas que investiga la Audiencia Nacional. Al no obtener los resultados deseados, la relación laboral se dio por terminada sin que el proyecto malasio llegara a materializarse.
La conexión de Israel Pilar y los contratos de mascarillas
En paralelo, el testimonio de Israel Pilar, responsable de la consultora Sortis, arrojó luz sobre el papel de Víctor de Aldama durante los momentos más críticos de la pandemia. Pilar reconoció que Aldama recurrió a él por su red de contactos para localizar material sanitario de urgencia, como mascarillas y respiradores, ante la supuesta incapacidad de los canales oficiales para abastecerse en un mercado global colapsado.
La sombra de la sospecha sobre estas gestiones se ve reforzada por los contratos posteriores que Pilar obtuvo con entidades públicas. Tras su labor como enlace en la compra de cubrebocas, su empresa recibió adjudicaciones directas por parte de Correos, en aquel entonces bajo la dirección de Juan Manuel Serrano. Aunque Pilar intentó minimizar su rol describiéndose como un facilitador para un cliente, los investigadores siguen el rastro de estos contratos por un valor superior a los dos millones de euros, sospechando que pudieron ser recompensas por los servicios prestados a la trama liderada por Aldama y Koldo.
Un rompecabezas de influencias y negaciones
El juicio continúa desgranando una red de favores y presiones donde las versiones de los implicados chocan frontalmente con las evidencias documentales. Mientras Sallés intenta reducir todo a una cuestión de habladurías y excesos nocturnos, las acusaciones mantienen que los mensajes sobre «pagar el alquiler» o la compra de viviendas en Cádiz son pruebas de una estructura de corrupción institucionalizada que utilizaba el entorno de Ábalos para lucrarse mediante licitaciones y licencias estratégicas.