En un movimiento que ha encendido todas las alarmas en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el entramado empresarial que rodea a los socios venezolanos de José Luis Rodríguez Zapatero ha iniciado un proceso de desmantelamiento acelerado. Los hermanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón han procedido a la extinción fulminante de seis de sus principales sociedades en España, justo en el epicentro de una investigación judicial que rastrea el origen de fondos procedentes de operativas con recursos naturales venezolanos bajo embargo internacional.
Un apagón societario coordinado en pleno registro mercantil
La maniobra no ha sido progresiva, sino quirúrgica. Con apenas 24 horas de diferencia y bajo la fórmula de disolución voluntaria, los empresarios venezolanos publicaron en el Boletín del Registro Mercantil el cierre de una red de firmas que, según los investigadores, servían de infraestructura para mover capitales en territorio europeo. Entre las entidades liquidadas destacan nombres como Activos Iberoamericanos S.L., Recursos Iberoamericanos S.L. y Minerales Críticos S.L., cuyos objetos sociales, aunque genéricos en la administración de activos, ocultaban presuntamente una operativa mucho más compleja vinculada al sector extractivo.
La policía judicial sospecha que este «borrado» empresarial busca dificultar la trazabilidad de los fondos. Mientras estas empresas desaparecen en España, la matriz operativa parece haberse desplazado a jurisdicciones más opacas. Un ejemplo clave es AMSA Partners, una sociedad activa en Dubái que operaría desde el distrito Dubai Silicon Oasis, diseñada específicamente para esquivar las sanciones internacionales que pesan sobre el régimen de Caracas y permitir el comercio de oro y petróleo con actores internacionales en China y Egipto.
El flujo financiero hacia el entorno de Zapatero
Lo que convierte este caso en un asunto de alto voltaje político es el destino final de una parte sustancial de los fondos gestionados por este grupo. La empresa Inteligencia Prospectiva, que aún permanece en el foco, habría inyectado cerca de un millón de euros en el círculo íntimo del expresidente del Gobierno. Los pagos se diversificaron a través de tres vías principales:
- Whathefav: La agencia de comunicación dirigida por las hijas de Zapatero, que recibió más de 560.000 euros por servicios de escaso valor de mercado.
- Análisis Relevante: Consultora vinculada a Julio Martínez, señalado como presunto testaferro en la trama.
- Gate Center: Un ‘think tank’ de influencia prochino que también ha cesado sus operaciones recientemente tras los avances judiciales.
Resulta especialmente llamativo para los analistas de la UDEF que Whathefav facturara cantidades tan elevadas a una empresa, Inteligencia Prospectiva, que apenas presentaba actividad real y acumulaba pérdidas millonarias. Los trabajos realizados —una página web básica y un vídeo con imágenes de archivo— no parecen justificar, bajo ninguna lógica comercial estándar, las transferencias realizadas entre 2020 y 2025.
La conexión Dubai: El puente para el oro de Venezuela
La arquitectura diseñada por los Amaro Chacón no se limitaba a la consultoría. La investigación apunta a que las seis empresas ahora liquidadas eran las terminales receptoras de un negocio global. El esquema consistía en negociar oro venezolano con magnates del sector y vender crudo a refinerías asiáticas. Para evitar el bloqueo financiero, la sociedad en Emiratos Árabes Unidos actuaba como pulmón financiero, reenviando los beneficios a las mercantiles españolas.
Una vez que el capital aterrizaba en España, se diluía en una maraña societaria de préstamos internos y pagos por servicios inexistentes hasta llegar a las cuentas finales de los beneficiarios. La extinción simultánea de estas firmas el pasado 5 de agosto sugiere un intento de «limpiar el tablero» ante la inminencia de nuevos requerimientos judiciales o imputaciones formales que podrían bloquear definitivamente los activos del grupo.
Implicaciones de una estrategia de retirada
Este repliegue masivo de los socios de Zapatero marca un punto de inflexión en la instrucción. Al liquidar las empresas, los responsables legales asumen el papel de liquidadores, lo que les permite tener un control directo sobre el reparto del activo sobrante antes de que la justicia pueda intervenirlo. Sin embargo, para la Policía Nacional, este movimiento confirma la tesis de que estas entidades carecían de una estructura productiva real y solo servían como vehículos de tránsito monetario.
El desafío ahora reside en reconstruir los libros contables de sociedades ya extinguidas para determinar si el dinero que financió el estilo de vida y los negocios del entorno de Rodríguez Zapatero proviene, efectivamente, del expolio de recursos soberanos venezolanos mediante la elusión de embargos. La caída en dominó de estas empresas es, para muchos, la confesión silenciosa de un entramado que ya no podía sostenerse bajo la lupa de la legalidad vigente.