Conflicto judicial en Asturias: Vox apunta a la gestión de seguridad
El escenario político asturiano se traslada a los tribunales tras la decisión de Vox de judicializar los incidentes ocurridos durante la visita de su líder nacional a la región. La formación dirigida por Santiago Abascal ha formalizado una querella que sitúa en el centro de la diana a Adriana Lastra, exvicesecretaria general del PSOE, en relación con sus responsabilidades previas como delegada del Gobierno en el Principado.
La disputa legal se origina en el mitin celebrado el pasado 21 de octubre en la ciudad de Avilés. Según sostiene la formación querellante, existió una negligencia manifiesta en el diseño y ejecución del dispositivo de seguridad, lo que habría dejado desprotegidos a los asistentes y cargos públicos del partido frente a grupos de contramanifestantes.
Los detalles de la querella: Responsables y colectivos señalados
La acción jurídica presentada ante el Tribunal de Instancia de Avilés no se limita únicamente a la figura de Lastra. Vox ha ampliado el alcance de su demanda para incluir a diversos actores que, a su juicio, permitieron o ejecutaron los actos vandálicos que empañaron la jornada. Entre los señalados se encuentran:
- Cecilia Pérez, actual delegada del Gobierno en la región.
- Los colectivos organizadores de la protesta contraria, específicamente vinculados a Asturies Antifascista.
- Representantes del Sindicato de Estudiantes e Izquierda Revolucionaria.
- Individuos identificados como autores materiales de desórdenes públicos.
El argumento central de la formación descansa en el hecho de que la Delegación del Gobierno autorizó una concentración opositora en un punto geográfico extremadamente próximo y con una coincidencia horaria casi total con el acto político. Esta decisión se tomó, según Vox, a pesar de los precedentes violentos registrados esa misma jornada en otras ciudades del norte de España.
Cronología de la tensión: ¿Qué sucedió en la Plaza de Camposagrado?
Durante la intervención de Abascal, la tensión escaló rápidamente en las inmediaciones de la Plaza de Camposagrado. Los informes recopilados por la defensa del partido detallan un clima de hostilidad que incluyó el lanzamiento de petardos y objetos contundentes, intentos de ruptura del cordón policial y daños significativos al mobiliario urbano de Avilés.
El balance de aquella jornada se saldó con varios agentes de policía lesionados y tres personas detenidas. Vox recalca que la vulnerabilidad del acto fue absoluta, sugiriendo que la transición de mando entre Adriana Lastra y Cecilia Pérez —motivada por la inclusión de la primera en las listas electorales del PSOE— pudo influir en la falta de coordinación del operativo.
La defensa de Adriana Lastra y la versión institucional
La respuesta de Adriana Lastra no se ha hecho esperar, calificando la querella como una estrategia basada en premisas falsas. La dirigente socialista ha expresado que la acusación carece de rigor técnico, puesto que no detalla qué órdenes específicas o decisiones administrativas se le imputan de manera directa para justificar una responsabilidad penal.
Desde el ámbito institucional, se ha recordado que el jefe superior de la Policía Nacional en Asturias avaló la planificación técnica del despliegue. Según la versión oficial, el riesgo fue evaluado correctamente y la intervención de las unidades de orden público evitó que los enfrentamientos entre bandos opuestos derivaran en consecuencias personales de mayor gravedad.
Lastra ha incidido en que convertir la labor de los cuerpos de seguridad en «munición partidista» es un ejercicio de irresponsabilidad. Mientras la justicia dirime si hubo omisión de deberes, el caso subraya la profunda brecha y la polarización política que marca la relación entre las principales fuerzas del arco parlamentario ante el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación.