La formación liderada por Santiago Abascal ha decidido elevar el tono en la batalla judicial por el procés. En un movimiento jurídico estratégico, la acusación popular ha solicitado formalmente al Tribunal Supremo que revierta la suspensión de las órdenes de detención nacionales que pesaban sobre Carles Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig. Según la formación, el escenario actual no justifica en absoluto la retirada de estas medidas cautelares fundamentales.
El conflicto de la malversación: un obstáculo insalvable para la amnistía
El núcleo del recurso presentado por Vox reside en la interpretación del delito de malversación de caudales públicos. El partido argumenta que, a pesar del reciente aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía en casos específicos, el Tribunal Supremo ya ha dictaminado con firmeza que este delito sigue excluido de los beneficios de la norma en el contexto del desafío independentista.
Para la formación, la decisión del juez Pablo Llarena resulta «intempestiva» y se basa en una premisa errónea: intentar equiparar de forma automática la situación de los procesados huidos con la de otros líderes que ya han sido indultados o cuya situación procesal es distinta, como ocurre con la exconsellera Dolors Bassa. El recurso subraya que no existe una coincidencia sustancial que permita aplicar los mismos criterios de exoneración sin un análisis exhaustivo previo.
Argumentos para reactivar la búsqueda y captura
Vox sostiene que mantener vigentes las órdenes de arresto no es solo una cuestión de rigor jurídico, sino la única vía para garantizar que el enjuiciamiento llegue a producirse. Entre los puntos clave expuestos ante la Sala de lo Penal destacan:
- Persistencia de la fuga: Los implicados no han comparecido voluntariamente ante el tribunal y siguen fuera del territorio nacional para eludir sus responsabilidades.
- Cuestiones prejudiciales pendientes: Existen recursos activos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que aún deben determinar la compatibilidad de la amnistía con el derecho comunitario.
- Desigualdad ante la ley: Retirar las medidas cautelares premia a quienes se sustrajeron de la justicia frente a los que sí afrontaron el proceso judicial en España.
La sombra del retorno fugaz en agosto
El escrito hace especial hincapié en la impunidad que, a juicio de la acusación popular, rodeó la breve aparición de Puigdemont en Barcelona el pasado 8 de agosto de 2024. Para Vox, el hecho de que el expresident fuera capaz de entrar y salir del país sin ser arrestado demuestra que el riesgo de reiteración en la elusión de la justicia es extremadamente alto.
Bajo esta premisa, la acusación popular insiste en que las órdenes de busca y captura son la herramienta indispensable para que el Estado de derecho no quede desarmado. Consideran que el levantamiento de las restricciones actuales vacía de contenido la capacidad del instructor para asegurar la presencia de los procesados en el juicio, otorgándoles una libertad de movimientos que contradice su estatus de rebeldes ante la ley.
Un escenario judicial de alta tensión
Este movimiento sitúa de nuevo al Tribunal Supremo en el centro del debate político-jurídico. Mientras la ley de amnistía sigue su curso en otras instancias, la firmeza con la que el Alto Tribunal ha defendido la exclusión de la malversación parece alinearse con las tesis de la acusación popular. El desenlace de este recurso determinará si Puigdemont recupera la plena inmunidad de facto en suelo español o si, por el contrario, vuelve a ser un objetivo prioritario de las fuerzas de seguridad en cuanto cruce la frontera.
La conclusión de Vox es clara: la justicia no puede ser «prematura» cuando se trata de figuras que han mantenido un desafío constante a la soberanía nacional y a las órdenes de los magistrados durante más de siete años. El mantenimiento de las cautelares es, en sus palabras, una «condición de posibilidad» para la vigencia del sistema constitucional.