Ha transcurrido ya una década y media desde que tres figuras encapuchadas escenificaran, a través de un comunicado, el cese de la actividad armada de ETA. Aquel octubre de 2011 fue recibido con optimismo institucional por el Gobierno de la época, que proclamaba una victoria democrática sin contrapartidas. Sin embargo, quince años después, el relato de la paz se resquebraja ante la realidad de cientos de familias que consideran que el final de las pistolas no trajo consigo el triunfo de la justicia, sino una estrategia de olvido y concesiones políticas.
La sombra de la injusticia: 379 expedientes sin respuesta
A pesar del tiempo transcurrido, la herida del terrorismo permanece abierta debido a una cifra que avergüenza al Estado de derecho: 379 asesinatos sin resolver. Estos casos, que carecen de una sentencia firme que identifique a los responsables materiales o intelectuales, representan el mayor escollo para el cierre definitivo del conflicto. Las asociaciones de víctimas del terrorismo denuncian que la prescripción de delitos cometidos en los años 70 y 80 está blindando a los culpables, impidiendo que los tribunales actúen.
Para colectivos como Covite, el escenario actual no es producto del azar, sino de un final negociado que ha priorizado la convivencia artificial sobre la verdad. Critican que, mientras los autores de crímenes atroces quedan impunes por el paso del tiempo, el sistema legal parece incapaz de garantizar que el cese de la violencia no se traduzca en una amnesia jurídica impuesta por las agendas políticas de turno.
Gestión penitenciaria y la controversia de los beneficios carcelarios
Uno de los puntos de mayor fricción durante este aniversario es la gestión de los presos de la banda. Desde que en 2021 se materializara el traspaso de las competencias de prisiones al Gobierno Vasco, el ritmo de traslados y progresiones de grado ha generado una profunda indignación. Las víctimas señalan que se están concediendo terceros grados de manera cuestionable, basándose en arrepentimientos que consideran retóricos y sin una colaboración real para esclarecer los crímenes pendientes.
- Flexibilización del régimen penitenciario para condenados con delitos de sangre.
- Transferencia de competencias como moneda de cambio parlamentaria.
- Ausencia de una colaboración efectiva con la justicia como requisito indispensable.
Desde la AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo), se insiste en que las obligaciones éticas del Estado no caducaron con el último disparo. La percepción de que se está ejecutando una «venganza inversa» contra el rigor judicial es una constante en el discurso de quienes sufrieron el zarpazo de la banda, viendo cómo asesinos convictos acceden a la semilibertad sin haber contribuido a aliviar el dolor de las familias afectadas.
El ascenso de Bildu y el riesgo de la glorificación terrorista
El panorama político actual añade una capa extra de complejidad. La consolidación de Bildu como un actor determinante en la gobernabilidad de España es vista por muchos como el colmo del blanqueamiento. La inclusión de antiguos miembros de la banda en listas electorales recientes ha reavivado el debate sobre la Ley de Partidos y la necesidad de una regeneración ética que impida que quienes empuñaron armas —o las jalearon— ocupen puestos de representación pública sin un rechazo explícito a su pasado.
A este malestar político se suma la persistencia de actos de enaltecimiento del terrorismo en las calles del País Vasco y Navarra. Los tradicionales «ongi etorris» o homenajes a terroristas que salen de prisión son denunciados como una humillación constante que el marco legal actual no logra erradicar del todo, perpetuando una cultura de glorificación de la violencia en ciertos sectores de la sociedad.
Alertas recientes: ¿un rescoldo de radicalismo activo?
Lejos de ser un capítulo cerrado bajo llave, las fuerzas de seguridad mantienen la vigilancia sobre sectores disidentes que se resisten a aceptar el fin de la estrategia armada. Las recientes detenciones en Guipúzcoa, donde se halló información sobre armamento y fuerzas policiales en manos de individuos vinculados a la izquierda abertzale radical, sirven de recordatorio de que la ideología que sustentó a ETA no ha desaparecido por completo.
En conclusión, estos 15 años de silencio de las armas no han traído la paz moral que las víctimas esperaban. El balance se inclina hacia una sensación de impunidad administrativa y política que amenaza con sustituir la memoria histórica por un relato de conveniencia. Mientras el Estado celebra el fin de la amenaza, los afectados por el terrorismo recuerdan que una democracia plena no puede construirse sobre el olvido de 379 víctimas que aún esperan justicia.