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La arquitectura legal de una democracia se mide por la coherencia con la que protege la libertad de expresión. Sin embargo, el panorama legislativo actual en España presenta una asimetría que invita a una reflexión profunda. Mientras se impulsa una agenda para eliminar el castigo penal sobre figuras tradicionales, se levantan nuevos muros administrativos que castigan con severidad el cuestionamiento de los dogmas identitarios contemporáneos.

El blindaje administrativo: Multas de hasta 150.000 euros

La aprobación de la conocida como ley trans en 2023 marcó un hito en la gestión del lenguaje y la opinión pública. A diferencia del código penal, que requiere de un proceso judicial garantista, esta normativa introduce un régimen de sanciones administrativas que otorga a la administración un poder punitivo inmediato y devastador. Las cifras no son anecdóticas:

• Las infracciones consideradas leves o graves por expresiones vejatorias pueden acarrear multas que parten de los 10.000 euros.
• En los casos tipificados como muy graves, la cuantía puede ascender hasta los 150.000 euros, una cifra que superaría con creces la mayoría de las multas impuestas por delitos de injurias en el ámbito penal.

Este sistema genera un efecto disuasorio inmediato. Bajo el paraguas de combatir la transfobia, conceptos científicos o debates biológicos sobre la inmutabilidad del sexo se ven desplazados a una zona de peligro legal. La crítica a los tratamientos hormonales en menores o la defensa de los derechos basados en el sexo biológico dejan de ser opiniones para convertirse en potenciales riesgos financieros para el ciudadano.

La desprotección de lo institucional y lo sagrado

En el otro plato de la balanza, formaciones políticas como el PSOE y Sumar proponen vaciar de contenido penal las ofensas a la Corona, el ultraje a los símbolos patrios y los delitos contra los sentimientos religiosos. El argumento principal es que estas figuras jurídicas son anacrónicas y limitan el derecho a la crítica política en una sociedad moderna.

Resulta paradójico que se considere un avance democrático el poder insultar a las instituciones que representan la unidad del Estado o las creencias más íntimas de millones de ciudadanos, mientras se endurece la persecución de cualquier discurso que no se alinee con las nuevas tesis de género. Es, en esencia, una sustitución de lo que se considera «sagrado»: se desprotege la historia y la tradición para blindar la subjetividad identitaria.

¿Hacia una jerarquía de la ofensa?

El análisis de esta dualidad legislativa revela una preocupante jerarquización del derecho a no ser ofendido. Por un lado, se defiende que la libertad de expresión debe ser total cuando el receptor es el Rey o la Iglesia Católica —un colectivo que, a nivel global, sigue enfrentando altos niveles de persecución—. Por otro, se establece que esa misma libertad debe ser cercenada si el receptor pertenece a colectivos protegidos por las leyes de ingeniería social actuales.

Esta contradicción no solo erosiona la seguridad jurídica, sino que redefine el concepto de discurso de odio. El odio parece ser hoy un término elástico que solo se aplica en una dirección. Si la libertad de expresión es el derecho a decir lo que otros no quieren oír, la tendencia actual sugiere que ese derecho solo existe si el mensaje no desafía la ortodoxia ideológica del momento.

Conclusión: El riesgo de la nueva censura blanda

La verdadera libertad no se demuestra permitiendo la crítica a lo que ya no tiene poder de réplica, sino garantizando el debate en los temas más sensibles de la actualidad. Si el sistema legal permite quemar una bandera o injuriar a un monarca, pero arruina económicamente a quien discute una ley sectorial, no estamos ante una ampliación de libertades, sino ante una mutación de la censura. La democracia requiere una coherencia que hoy, ante la disparidad entre la ley trans y la despenalización de injurias, brilla por su ausencia.

La tensión institucional en la cúpula de la Guardia Civil ha alcanzado un nuevo punto crítico tras la comparecencia de su directora, Mercedes González, en el Senado. Lejos de una intervención puramente técnica, la jornada estuvo marcada por un sutil pero firme enfrentamiento dialéctico entre la dirección política y los mandos operativos de la Unidad Central Operativa (UCO). González ha intentado blindar la imagen del Cuerpo mientras desacreditaba, mediante el uso de la ironía y el desmentido directo, las graves acusaciones de injerencia política vertidas por generales de la propia unidad de élite.

Defensa del mando y desmentido de las instrucciones políticas

Uno de los ejes centrales de la comparecencia fue la protección de la figura del teniente general Manuel Llamas, Director Adjunto Operativo (DAO). González rechazó de forma categórica que Llamas hubiera dado instrucciones para que los investigadores se mantuvieran al margen de causas que afectan al entorno del PSOE. Según la versión del general Rafael Yuste, jefe de la UCO hasta finales de 2025, se le instó a que la unidad debía «ponerse de perfil» en pesquisas sensibles, específicamente aquellas relacionadas con David Sánchez.

Para contrarrestar este testimonio, la directora apeló a la hoja de servicio de su mano derecha. Argumentó que un veterano con cuatro décadas de trayectoria y pasado en la lucha contra el terrorismo jamás utilizaría tales expresiones. Este movimiento busca presentar las acusaciones de los generales Yuste y López Malo no como una denuncia de mala praxis, sino como una interpretación distorsionada de la realidad operativa.

• Negación absoluta de directrices para suavizar investigaciones políticas.
• Respaldo incondicional a la trayectoria profesional del teniente general Manuel Llamas.
• Cuestionamiento de los testimonios que apuntan a una cúpula politizada.

El enigma de los encuentros: entre el café y el té

La relación de González con Leire Díez, figura clave en la trama de supuestas filtraciones y desprestigio, ocupó gran parte del interrogatorio. La directora de la Benemérita admitió contactos que anteriormente habían sido minimizados o negados, aunque trató de despojarlos de cualquier carácter oficial. En una frase que ya resuena en los pasillos de la Cámara Alta, González afirmó que no se trataba de reuniones de trabajo, sino de simples tés compartidos, intentando reducir la relevancia de estos vínculos con la «fontanera» de Ferraz.

No obstante, los informes de la UCO contradicen esta visión informal. Los investigadores han documentado encuentros y comunicaciones que coinciden con momentos críticos de la apertura de expedientes internos. González mantiene que su última cita con Díez fue en abril de 2025, centrada en la situación de un mando investigado, pero el rastro digital muestra mensajes de WhatsApp posteriores, incluso después de recibir alertas de la Jefatura de Información sobre las actividades de Díez.

Contradicciones en los informes de ambiente y presión

La estrategia de defensa de Mercedes González se apoyó notablemente en la ironía al referirse al supuesto «buen ambiente» que reinaba en la unidad, según los propios mandos que ahora denuncian presiones. La directora recordó reuniones celebradas en mayo de 2025 donde, según su relato, los generales no solo no manifestaron malestar, sino que agradecieron el apoyo del Ministerio del Interior.

Esta discrepancia temporal es la principal baza de la directora: se pregunta cómo es posible que unos mandos que declaraban normalidad absoluta ante ella, denuncien un año después una campaña de hostigamiento a través de informaciones reservadas. Para los investigadores del caso Leire Díez, sin embargo, esta aparente calma era el preludio de una estrategia de desestabilización judicial que buscaba frenar el avance de causas que incomodaban al Ejecutivo.

Silencio administrativo ante las alertas de anticorrupción

Quizás el punto más controvertido de su gestión es la decisión de no judicializar las advertencias que recibió de sus subordinados. Tanto la unidad anticorrupción como la Jefatura de Información alertaron a González sobre la existencia de una trama que buscaba desacreditar a los agentes de la Guardia Civil. A pesar de la recomendación de los mandos de elevar estos datos a la autoridad judicial o fiscal, la directora optó por no iniciar acciones externas.

Este bloqueo de la información interna es el que ha llevado al juez Santiago Pedraz a investigar las ramificaciones de una red que, presuntamente, instrumentalizó la Dirección General para proteger intereses partidistas. La comparecencia concluye dejando en el aire una pregunta fundamental para la salud democrática de la institución: ¿actuó la dirección por omisión o bajo un plan deliberado para proteger al Gobierno de las investigaciones de su propia policía judicial?

El cierre de esta etapa en el Senado no disipa las dudas, sino que profundiza la fractura entre la gestión política de Mercedes González y el criterio técnico de una UCO que se siente bajo asedio interno mientras intenta cumplir con su mandato constitucional.

La percepción de la monarquía española ha experimentado una transformación radical en la última década, pasando de un consenso institucional casi inamovible a un escenario de escrutinio constante. En el ecosistema actual, donde la inmediatez de las redes sociales y la proliferación de vídeos de opinión marcan la agenda, la figura de Felipe VI se enfrenta a retos de legitimidad que van mucho más allá de las funciones constitucionales tradicionales. Este fenómeno no solo responde a herencias del pasado, sino a una nueva demanda ciudadana de transparencia total.

La Transformación del Tabú: Críticas en la Era de la Hiperconectividad

Históricamente, la Corona española gozó de un blindaje mediático que filtraba las voces disidentes. Sin embargo, el auge de las plataformas digitales ha democratizado la crítica, permitiendo que análisis virales y opiniones independientes alcancen audiencias masivas sin pasar por el filtro de las editoriales tradicionales. Esta democratización del debate ha convertido la imagen del Rey en un objeto de debate cotidiano, donde se cuestiona desde su neutralidad política hasta la utilidad real de la institución en una democracia moderna.

El impacto de este cambio es profundo. Mientras que en épocas anteriores las críticas eran residuales o académicas, hoy se estructuran a través de narrativas audiovisuales que conectan con las generaciones más jóvenes. Para muchos expertos en comunicación política, el problema no es la existencia de la crítica en sí, sino la dificultad de la Casa Real para generar una contranarrativa que resuene con una sociedad que ya no consume información de forma pasiva.

Transparencia vs. Tradición: Los Ejes del Debate Actual

El núcleo de las críticas actuales hacia la figura del monarca suele orbitar en torno a tres pilares fundamentales que definen la tensión entre la herencia histórica y la modernidad:

• La ejemplaridad institucional: Tras los escándalos que afectaron al reinado anterior, la exigencia de integridad sobre Felipe VI es absoluta. Cualquier mínima sombra de duda se magnifica en el debate público.
• El papel en la unidad nacional: En un país con fuertes tensiones territoriales, la figura del Rey como símbolo de unidad es vista por unos como necesaria y por otros como un obstáculo para el diálogo pluripartidista.
• La fiscalización económica: La demanda de una mayor claridad en el uso de los fondos públicos y en el patrimonio real es una de las críticas más recurrentes en los vídeos de opinión y artículos de prensa independiente.

Estos puntos de fricción demuestran que la monarquía parlamentaria ya no se evalúa únicamente por su legitimidad de origen, sino por su legitimidad de ejercicio. La sociedad española exige que la institución demuestre su valor añadido de forma constante, en un entorno donde el sentimiento republicano y el monárquico compiten en un equilibrio cada vez más frágil.

El Impacto de la Opinión Pública Digital en la Corona

No se puede obviar el papel de los nuevos creadores de contenido en la configuración de la imagen real. Un vídeo de opinión con gran alcance puede influir más en la percepción juvenil que una docena de actos oficiales. Estas críticas suelen centrarse en la anacronía percibida de la institución, utilizando un lenguaje directo que contrasta con el rígido protocolo de la Zarzuela.

Este fenómeno ha obligado a la Casa del Rey a intentar una tímida apertura digital, aunque para muchos críticos esta reacción es insuficiente. La brecha entre el lenguaje institucional y el lenguaje de la calle se ensancha, dejando un espacio que es rápidamente ocupado por discursos que cuestionan la inviolabilidad y otros privilegios constitucionales que, a ojos de una parte de la ciudadanía, carecen de sentido en el siglo XXI.

Hacia un Modelo de Monarquía Renovada

La supervivencia de la monarquía en España depende, en gran medida, de su capacidad para asimilar la crítica y convertirla en un motor de reforma. La figura del Rey ya no puede permitirse ser estática. Los analistas coinciden en que la renovación institucional debe pasar por una mayor rendición de cuentas y una conexión emocional más auténtica con los ciudadanos, alejada de los fastos y más cercana a los problemas sociales contemporáneos.

En conclusión, las críticas actuales no representan necesariamente un deseo de ruptura total, sino una exigencia de evolución. El debate generado por voces independientes y plataformas digitales es el reflejo de una sociedad que desea participar activamente en la definición de su modelo de Estado. El reto para Felipe VI es demostrar que la corona puede ser un reflejo de esa sociedad diversa y crítica, y no solo un vestigio del pasado protegido por leyes de otra época.

El escenario judicial para José Luis Rodríguez Zapatero ha dado un giro táctico significativo ante su inminente comparecencia en la Audiencia Nacional. El expresidente no solo se enfrenta a interrogantes sobre el polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra o el hallazgo de objetos de valor en su oficina de la calle Ferraz, sino que pretende contraatacar con un documento inédito. Se trata de un manuscrito firmado por Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, pieza clave del chavismo, que Zapatero ha guardado celosamente como su principal recurso de defensa frente a las sospechas de corrupción y vínculos opacos con el Palacio de Miraflores.

Un manuscrito como escudo frente a las acusaciones de corrupción

La estrategia del exlíder socialista no se limita a la argumentación técnica de sus abogados. Según fuentes cercanas al caso, Zapatero está decidido a exhibir una misiva donde el propio Carvajal, antiguo jefe de la inteligencia militar venezolana, lo eximiría de ciertas responsabilidades. Este movimiento busca desacreditar los testimonios que lo sitúan como beneficiario de recursos del régimen venezolano, incluyendo la famosa controversia sobre la supuesta propiedad de una mina de oro en territorio bolivariano, una acusación que ha perseguido al político durante años en el debate público.

El documento cobra una relevancia especial debido a la identidad de su autor. Hugo Carvajal fue, durante décadas, el guardián de los secretos más profundos de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Que un personaje de tal calado redacte un texto favorable a un mandatario extranjero no es un hecho menor, y Zapatero pretende utilizar ese peso institucional para desactivar las líneas de investigación abiertas por la UDEF sobre sus actividades privadas en Venezuela.

El origen del documento: mediación y favores políticos

La trazabilidad de esta carta es casi tan compleja como su contenido. El documento llegó a manos del expresidente a través de una cadena de favores y gestiones diplomáticas. El mediador principal fue Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior venezolano y antiguo director del SEBIN, quien fue liberado de su cautiverio en Venezuela y trasladado a España en enero de 2023 tras la intervención directa de Zapatero. Fue este último quien entregó la misiva de Carvajal al exsecretario general del PSOE.

En este texto, Carvajal habría admitido que algunas de las informaciones filtradas a la prensa sobre Zapatero fueron errores de bulto o falta de desmentidos oportunos por parte del aparato de seguridad venezolano. El expresidente ya intentó esbozar esta línea de defensa durante su intervención en la comisión de investigación del Senado, aunque en aquella ocasión no pudo profundizar en la lectura integral del texto, reservándolo para el estrado judicial.

La credibilidad bajo sospecha: una misiva escrita en Estremera

Para los analistas y los investigadores que siguen la causa, la validez del manuscrito debe tomarse con extrema cautela. El contexto en el que Carvajal redactó estas líneas es fundamental para entender su propósito real. La carta no es producto de una reflexión desinteresada, sino que responde a una situación vital crítica:

• El escrito fue elaborado en la prisión de Estremera durante el año 2023, mientras Carvajal cumplía prisión provisional.
• En ese periodo, el exgeneral agotaba sus últimos cartuchos legales para evitar ser extraditado a Estados Unidos, donde se le reclamaba por delitos graves de narcotráfico.
• El antiguo jefe de inteligencia buscaba desesperadamente el asilo político en España, lo que otorga un cariz utilitario a cualquier declaración favorable hacia figuras con influencia en el Gobierno español.

El cambio de escenario tras la extradición a Washington

A pesar de que el documento pone a Zapatero en una posición favorable, la situación actual de Hugo Carvajal en territorio estadounidense proyecta una sombra de duda sobre la eficacia a largo plazo de este recurso. Desde su traslado forzoso a Estados Unidos en julio de 2023, ‘El Pollo’ ha dejado de estar bajo la presión del sistema judicial español y el horizonte de una posible protección gubernamental en Madrid ha desaparecido.

Informaciones recientes de medios internacionales sugieren que Carvajal podría estar modificando su postura. Lejos de la influencia de los actores políticos que mediaron en su estancia en España, el exmilitar podría estar ofreciendo nuevos datos a las agencias federales estadounidenses que contradicen la benevolencia del manuscrito que Zapatero presentará ante el juez. Esto sitúa la carta no como una verdad absoluta, sino como una pieza de valor transaccional escrita en un momento de máxima vulnerabilidad procesal.

En definitiva, la comparecencia de Zapatero en la Audiencia Nacional trasciende lo estrictamente administrativo para convertirse en un duelo de credibilidad sobre su papel como mediador en Venezuela. La carta de Carvajal es el baluarte con el que el expresidente pretende cerrar un capítulo de sospechas que ha lastrado su imagen pública, intentando transformar el testimonio de un antiguo jerarca chavista en su mejor coartada judicial frente a las acusaciones de corrupción transnacional.

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) ha puesto el foco en una conexión internacional que atraviesa el Atlántico hasta llegar a la calle Ferraz. El epicentro de este nuevo terremoto político es Guidepost, una firma de inteligencia privada con sede en Estados Unidos, cuya actividad en España parece haber superado los límites de la consultoría tradicional para adentrarse en el terreno de las operaciones encubiertas de alto calado político.

El brazo ejecutor: De Nueva York a la sede del PSOE

Lo que inicialmente parecía un conflicto doméstico ha adquirido una dimensión de espionaje y presión institucional. Dos operativos de la empresa Guidepost, identificados como Yohir Akerman y Vytenis Didziulis, habrían actuado como piezas clave en la gestión de una estrategia diseñada para comprometer al fiscal anticorrupción José Grinda. Según las pesquisas de la Guardia Civil, estos individuos no solo localizaron a la principal denunciante en Jaén, sino que facilitaron su traslado a Madrid para mantener encuentros directos en el corazón del PSOE.

La presencia de Akerman no es baladí. El consultor, con un currículum vinculado a crisis reputacionales y litigios complejos en entornos volátiles como Colombia o Venezuela, habría aplicado en España tácticas de «fontanería» que ya utilizó para clientes vinculados a tramas de PDVSA o sectores cercanos al gobierno de Gustavo Petro. Su especialidad radica en despejar el camino judicial de sus clientes cuando la situación se vuelve crítica y la información es escasa.

La reactivación del caso Grinda: Una estrategia calculada

El objetivo de esta alianza entre la trama de Leire Díez y la consultora estadounidense era claro: resucitar una denuncia contra el fiscal Grinda que había sido archivada años atrás. La UCO sostiene que este movimiento buscaba descabalgar a un fiscal incómodo para los intereses de ciertos sectores relacionados con la corrupción. Para lograrlo, los consultores de Guidepost se presentaron en el domicilio de Miriam S.R. para convencerla de reactivar el proceso judicial, bajo la promesa de apoyo y mediación política.

• Movilidad estratégica: El uso de billetes de Renfe para trasladar a la testigo desde Jaén a la capital.
• Inteligencia de riesgo: La aplicación de tácticas de gestión de crisis internacionales en un entorno de política local.
• Conexión institucional: La celebración de reuniones en Ferraz con figuras de la talla de Santos Cerdán.

El papel de Juan Francisco Serrano y la recompensa laboral

La arquitectura de esta red no termina en la consultora de inteligencia. Para que el plan fuera efectivo, era necesario garantizar la fidelidad de los peones involucrados. Aquí es donde entra en juego la figura de Juan Francisco Serrano, diputado y hombre de confianza del aparato de organización socialista. La investigación apunta a que Serrano habría facilitado la inserción laboral de la denunciante en Resurja, una empresa dependiente de la Diputación de Jaén, como contraprestación por su colaboración en el cerco al fiscal.

Las interceptaciones telefónicas han revelado frases lapidarias como «Juanfran ha sido obediente», que sugieren una jerarquía clara y una ejecución precisa de las órdenes emanadas desde la trama liderada por Leire Díez. Este entramado de favores y nepotismo pone de manifiesto cómo se habrían utilizado recursos públicos para apuntalar una operación de acoso y derribo judicial.

Consecuencias de una alianza de alto riesgo

La implicación de una firma especializada en inteligencia transfronteriza en asuntos internos de un partido de gobierno marca un punto de inflexión. Guidepost no se presenta como una gestoría convencional, sino como un ente capaz de operar en las sombras para mitigar riesgos estratégicos y sanciones internacionales. Su entrada en la escena política española, de la mano del caso Leire Díez, abre un interrogante sobre cuántas otras operaciones de este tipo podrían estar desarrollándose bajo el radar de las autoridades.

En conclusión, el informe de la UCO dibuja un escenario donde la política, la inteligencia privada y la manipulación judicial convergen de manera peligrosa. La vinculación del PSOE con consultoras de dudosa ética operativa no solo pone en entredicho la transparencia de la formación, sino que amenaza con elevar la causa hasta las más altas instancias judiciales debido a la condición de aforados de algunos de los principales señalados.

La arquitectura institucional destinada a la protección de los derechos de la mujer en España ha sufrido un revés significativo en sede parlamentaria. El Congreso de los Diputados ha desestimado la propuesta para ampliar las facultades del Instituto de las Mujeres, una iniciativa que pretendía dotar al organismo de herramientas jurídicas y técnicas más robustas para enfrentar los desafíos de la discriminación contemporánea.

El desafío de la igualdad ante la amenaza digital

Uno de los puntos más innovadores de la propuesta rechazada era la adaptación del organismo a la realidad tecnológica actual. La reforma contemplaba otorgar al Instituto funciones específicas de supervisión de algoritmos, especialmente en sistemas considerados de alto riesgo. Esta medida buscaba mitigar el impacto de las deepfakes, la pornografía no consentida y el ciberacoso, fenómenos que representan una nueva frontera de violencia contra las mujeres.

La intención de esta «puesta al día» legislativa, impulsada por el grupo socialista, no solo respondía a una necesidad interna, sino también a la obligatoriedad de transponer diversas directivas de la Unión Europea. Sin embargo, este argumento no fue suficiente para convencer a una mayoría parlamentaria que cuestionó tanto el fondo como la forma de la estructura propuesta.

Argumentos del bloque opositor: Independencia y burocracia

El rechazo a la toma en consideración de la ley se materializó con 174 votos procedentes de formaciones con visiones divergentes pero objetivos comunes en la negativa. Los principales puntos de fricción se pueden resumir en los siguientes ejes:

• Falta de autonomía política: Críticas centradas en la supuesta sumisión jerárquica del Instituto al Ejecutivo, lo que a juicio de algunos sectores impide una verdadera independencia frente a injerencias partidistas.
• Cuestionamiento del modelo institucional: Voces que consideran innecesaria la proliferación de observatorios y comisionados, calificándolos de estructuras ideológicas que no resuelven los problemas prácticos del día a día.
• Efectividad de las políticas actuales: La percepción de que, pese al aumento de campañas de sensibilización, persisten brechas estructurales que requieren enfoques distintos al refuerzo del «feminismo institucional».

El conflicto de competencias y el autogobierno

Más allá del debate ideológico, la soberanía territorial jugó un papel decisivo en el bloqueo de la reforma. Grupos de corte nacionalista y soberanista expresaron su preocupación por lo que consideran una invasión de competencias autonómicas. La posibilidad de que un organismo estatal pudiera litigar en defensa de intereses colectivos fue interpretada como una «erosión silenciosa» del autogobierno en comunidades con competencias transferidas en materia de igualdad.

Esta visión subraya una tensión constante en el modelo descentralizado español: cómo equilibrar una protección uniforme contra la discriminación en todo el país sin vulnerar la capacidad de actuación de las administraciones regionales, que a menudo consideran estas iniciativas como intentos de centralización encubierta.

Perspectivas divididas sobre el futuro de la protección

Desde el bloque que apoyaba la reforma, se alertó sobre un preocupante contexto de discursos negacionistas y el auge de posturas misóginas que exigen instituciones de defensa de derechos más sólidas que nunca. Para estas formaciones, el fortalecimiento del Instituto de las Mujeres era un paso imprescindible para combatir la precariedad laboral y la brecha salarial con mecanismos actualizados.

En conclusión, el estancamiento de esta proposición de ley deja en el aire la actualización de una herramienta clave para la igualdad en España. Mientras los sectores a favor lamentan la pérdida de una oportunidad para blindar derechos frente a las nuevas tecnologías, los detractores celebran el freno a lo que consideran una expansión innecesaria y politizada del aparato estatal. El debate sobre cómo debe configurarse la protección frente a la desigualdad sigue siendo uno de los campos de batalla más complejos de la actual legislatura.